El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) resolvió, por unanimidad, cesar en funciones al superintendente de Bancos, Christian Cruz Rodríguez. Esta decisión se fundamentó en el Informe Técnico de Investigación que determinó el incumplimiento de los parámetros establecidos en el Mandato de Evaluación.
La lectura de la Resolución del Proceso de Evaluación al titular de la Superintendencia de Bancos (SB) se realizó este miércoles 18 de julio, durante la Sesión Extraordinaria No. 14 del Pleno del CPCCS-T.
El informe señala que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, omitió valorar la falta de probidad del economista Christian Cruz por estar incurso en conflicto de intereses, ya que tenía estrechas relaciones con el Ejecutivo. Determina también que el Superintendente incumplió con el artículo 232 de la Constitución de la República, al permitir que estas relaciones incidan en el ejercicio de sus funciones, a favor de intereses particulares.
Asimismo, indica que incumplió con su función principal de “vigilar las actividades del sistema financiero nacional, así como las actividades económicas de las instituciones públicas de seguridad social”. Con ello, no garantizó la estabilidad, transparencia y solidez de los organismos financieros bajo su control, lo que causó grave inestabilidad económica dentro de las instituciones públicas y afectó los derechos constitucionales de los ciudadanos.
El informe arroja además una omisión deliberada de sus funciones de vigilar y controlar como se evidencia en los siguientes casos:
- No presentó estudios necesarios para evitar la eliminación del 40% correspondiente a la contribución del Estado para las pensiones jubilares y otras obligaciones.
- Permitió que Richard Espinosa, en calidad de presidente del Consejo Directivo del IESS, elimine de los registros contables la deuda que mantiene el Estado por los servicios de salud a los jubilados y jefas de hogar, e incumplió con las resoluciones de la Contraloría General del Estado (CGE).
- No adoptó medidas frente a las disposiciones de la CGE respecto a la destitución de Richard Espinosa y le permitió que modifique la Ley de Seguridad Social, mediante la cual se efectuó la redistribución de los seguros de salud y pensiones, entre otras irregularidades.
- Inobservó la Ley para la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, respecto al requerimiento de la auditoría como requisito previo para realizar el traspaso del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), y clasificó como reservados los estudios actuariales de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Social, con lo cual limitó el acceso a los mismos para realizar análisis que permitan tomar acciones correctivas.
Por su parte, el consejero Pablo Dávila aclaró que la nominación del nuevo titular de la SB la debe realizar el Presidente de la República, tal como lo establece la Constitución. Sin embargo, recalcó que esto no significa que el ejercicio de las funciones de dicha autoridad deba responder al Ejecutivo. Asimismo dijo que el CPCCS-T analizará la norma competente para determinar al subrogante del superintendente cesado, Christian Cruz.
Dentro de los tres días siguientes a la notificación, la autoridad evaluada podrá presentar un recurso de revisión, justificando las razones que le asistan respecto de la Resolución del CPCCS-T. El Pleno tomará una decisión definitiva, en el término de cinco días.
