La falta de entrega de información por parte del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) y la Empresa Pública para el Agua Potable de Jipijapa, impulsó a 8 habitantes de ese cantón manabita a conformar una Veeduría Ciudadana para verificar a las acciones realizadas por esas dos entidades sobre el alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad, en torno a la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y la del alcantarillado. Dicho mecanismo se conformó en julio pasado y aunque su plan de trabajo estaba previsto para 6 meses, los veedores decidieron emitir su informe final este noviembre por las irregularidades que hallaron en su proceso de observación.
“Nuestro propósito es que la obra se ejecute en las mejores condiciones, queremos que se hagan las correcciones oportunas en las siguientes fases de la obra”, señaló Antonio Sumba, miembro de la Veeduría y quien junto al coordinador de esta, Jorge Morán, presentaron los resultados de su labor este miércoles 20 de noviembre ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Durante su exposición, detallaron una serie de irregularidades, como el que la obra se adjudicó bajo la modalidad de contratación directa, con base en una declaratoria de emergencia por la temporada invernal que dejó devastadas a ciertas poblaciones. “Los recursos no fueron usados para eso”, indicó Sumba, quien dijo también que los costos finales del contrato fueron modificados.
Indicó también que la empresa contratada, CUCED S.A., no presentó los documentos precontractuales y contractuales que solicita el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y tenía obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías, así como con el Estado. Otra de las observaciones tiene que ver con los materiales utilizados, pues en las especificaciones técnicas se indicaba que se debían construir pozos de hormigón armado y “en lugar de eso, ubicaron tubos, que por la topografía del terreno que es arcilloso, no va a garantizar una vida útil como lo que se esperaba”.
Así también, los ciudadanos anotan que se cambiaron los rubros de planillaje, sin que se haya hecho una justificación técnica de esto. “Recibimos agua de manera racionada dos veces al mes; vivimos un momento difícil y la ciudadanía reclama a través de plantones”, añadió Morán, quien además reiteró que tanto el GAD como la Empresa Pública que ofrece el servicio y la contratista no atendieron de manera efectiva sus requerimientos de información y únicamente les hicieron entrega de dos discos con algunos datos, con los que respaldan su informe.
Este último fue acogido por las consejeras y los consejeros del CPCCS, quienes resolvieron además enviarlo a la Fiscalía y Contraloría general del Estado, y a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo para su análisis con base en sus competencias.
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