La obra “Termas de la Virgen” en el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, debió pensarse como un complejo turístico que respete el medio ambiente; sin embargo, tal como se está llevando a cabo en la actualidad, podría afectar tanto al ambiente como al turismo, según la Veeduría Ciudadana que vigiló la primera fase de la construcción de este proyecto.
Adicionalmente, los veedores detectaron irregularidades en el cumplimiento de los plazos para la conclusión de la obra y en los costos que finalmente se invertirán por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Baños. Esta y otras conclusiones constan en el informe final que fue presentado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el que se aclara que la obra aún no termina.
Por ser esta obra de interés de la ciudadanía en ese territorio, se convocó, en mayo de 2015, a la Asamblea Ciudadana que decidió la conformación de la Veeduría. Martín Dilon, veedor, explicó que existirán piscinas que serán calentadas con combustible lo que afectará el ambiente. Dichas piscinas son parte de una área recreativa, lo cual perjudicaría la llegada de turistas tanto nacionales como extranjeros.
El veedor Edison Bastidas explicó que la obra fue planificada por el GAD cantonal para lo cual se buscó financiamiento con el Banco del Estado por un monto estimado de 6’469.885 dólares, crédito que debe pagarse a 10 años plazo, con 18 meses de gracia. Además, el GAD aporta con 793.560 dólares. El plazo inicial de entrega de la obra era diciembre de 2016. Sin embargo, se amplió a junio de 2017, pero la construcción no está terminada ni en la primera de sus tres fases.
Washington Freire, coordinador de la Veeduría, dijo que en este proceso se han firmado varios contratos, uno de ellos con el diseñador del proyecto. Además, comentó que la Contraloría General del Estado realizó un examen especial al proceso precontractual, contractual, de ejecución de consultorías y obras. Otra duda que tienen los baneños, dijo Freire, es saber cuánto costará finalmente el proyecto, pues ahora se habla de un valor de 10 millones de dólares.
El coordinador recomendó al CPCCS que intensifique la capacitación para que la gente se involucre. “Nosotros al término de este trabajo, que no ha sido fácil, hemos logrado entender ese derecho constitucional que determina que el primer fiscalizador de lo público somos nosotros, el pueblo”. Finalmente solicitó al Consejo que facilite la creación de otra Veeduría para que haya vigilancia ciudadana hasta que se concluya el proyecto.
Ante lo expuesto el Pleno del CPCCS resolvió que el informe sea remitido al GAD de Baños, al Ministerio del Ambiente, que se haga seguimiento del caso en la Contraloría General del Estado y que se conforme la una nueva Veeduría solicitada.
