Los veedores del proceso para la contratación de vigilancia privada y custodia del personal, bienes y edificios de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas determinaron irregularidades en el informe final presentado ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Por ello, esta instancia resolvió que la documentación de la Veeduría sea remitida a la Contraloría General del Estado.
La contratación del servicio de vigilancia está valorado en aproximadamente en $ 3,7 millones de dólares; sin embargo, la adjudicación no se dio porque el concurso fue declarado desierto por la institución organizadora del proceso.
Una de las conclusiones de los integrantes de la Veeduría Ciudadana fue que se evidenció la intención de favorecer a una de las compañías que participaban en el concurso, por lo que oportunamente denunciaron la inconsistencia del proceso y una presunta falta de transparencia e imparcialidad.
Por disposición del Pleno del CPCCS el informe será enviado a varias instituciones, entre ellas, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y al Servicio Nacional de Contratación Pública para que, de acuerdo a sus competencias, realicen el análisis respectivo y tomen acciones para garantizar un concurso transparente.
