Esta manipulación informativa, que inclusive posicionó un supuesto corte de energía eléctrica, según dirigentes de la comuna para aislarla y poder ejecutar el acto de desalojo, también ocasionó el cierre de la vía, causando malestar en la ciudadanía y turistas, quienes fueron obligados a paralizar sus actividades pernoctando en la zona del cierre.
Esta medida de hecho, violenta la Constitución de la República, por lo cual, uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar donde se realizaba el supuesto desalojo, a fin de garantizar el acceso de la transportación pública y privada, así como la libre circulación y movilidad garantizada por los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, como también el efectuar la limpieza de los escombros dejados en la vía, garantizando así el acceso a la circulación vehicular y peatonal en base al Artículo 326, numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual prohíbe:
“la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones”
Concordantemente con la norma contenida en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, misma que dispone:
“Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial”.
El Ejecutivo Provincial, manifiesta que no permitirá acciones de ninguna naturaleza, que bajo cualquier pretexto y peor aún ante simples rumores, llegaren atentar contra la seguridad de los ciudadanos de la Provincia de Santa Elena y la de los Turistas además, de violentar expresas disposiciones legales y constitucionales se aplicará todo el rigor de la Ley ante este tipo de desafueros.
El Gobernador de la Provincia Ing. Paul Soto García, aprovecha esta oportunidad para señalar que en el tema relacionado con el conflicto legal que atraviesa la comuna Montañita, se actuará de acuerdo con lo establecido en las normas legales y constitucionales.
Además exhorta a los comuneros y sus representantes a participar en las mesas de diálogo establecidas para encontrar una salida amparada en el bien común y más no en intereses personales o de grupo.
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA
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