Quito (Pichincha), 16 de febrero de 2021.- La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó al alcalde de Quito, Jorge Homero Y. M., como presunto autor mediato, y a otras seis personas como presuntos coautores a la instrucción fiscal abierta por peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19.
La adquisición, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de 4’226.800 millones de dólares.
Pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los involucrados, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, ordenó prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentaciones ante la autoridad (lunes, miércoles, viernes y domingo, este último en la Unidad de Flagrancia) para el alcalde Jorge Homero Y. M.
Por otra parte, para Linda G., Daisy H. y Erik A. se dispuso también presentaciones periódicas, pero solo los viernes, además del uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país –medidas previstas en los numerales 1, 2 y 4 (uso del dispositivo electrónico) del artículo 522 del COIP–.
Y para Ximena A., secretaria de Salud del Municipio de Quito, Jéssica C. y Marco R. se dictó prisión preventiva.
Para todos los procesados se ordenó la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por 5 millones de dólares.
Los hechos
Con la exposición de más de treinta y cinco nuevos elementos de convicción, entre los que constan dos informes con indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, vinculó al Alcalde capitalino y a otros seis funcionarios y exfuncionarios públicos.
Ellos son: Ximena Guadalupe A. D., secretaria de Salud del Cabildo; Linda Priscila G. B., coordinadora técnica de la Secretaría de Salud; Daysi Sandra H. F., administradora del contrato; Jéssica Paola C. V., encargada de Compras Públicas; y, los excoordinadores jurídicos, Erik Romey A. V. y Marco Antonio R. V.
Las personas vinculadas a este proceso penal habrían terminado, el 20 de julio de 2020 –por mutuo acuerdo– el ‘Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR polimerasa’, suscrito entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A.
Lo que correspondía, según las investigaciones de Fiscalía, era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales.
¿La razón? En lugar de entregar las pruebas PCR Polimerasa, como consta en el contrato, la empresa entregó pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus. Es decir, había que duplicar el procesamiento de cada prueba, debido a su baja sensibilidad.
Este posible incumplimiento de las especificaciones técnicas era de conocimiento del Alcalde de Quito y de la Secretaria de Salud, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp, respecto a que las pruebas entregadas no eran las constantes en el objeto del contrato. Sin embargo, decidieron validarlas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.
La Coordinadora Técnica de la Secretaría de Salud tenía conocimiento de que dos análisis practicados a pruebas muestra y efectuados por dos universidades, determinaron la baja efectividad: “tratar de controlar una pandemia con una prueba poco sensible solo puede salir mal”, fue uno de los criterios. A lo que se añadió que estas pruebas entregadas por Salumed S. A. fueron adquiridas en Corea, país que no habría validado el producto, “constituyendo una lotería en los resultados”.
Aun así, la funcionaria emitió y rubricó el informe con el que la Secretaria de Salud suscribió el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo, a pesar de que, en mensajes de Whatsapp, manifestó textualmente: “la sensibilidad declarada es, o sea, súper mala”.
A esto se agrega que las pruebas adquiridas el 16 de abril de 2020 tenían como fecha de expiración el 26 de septiembre de 2020, cuando la Ley y el contrato determinan que la fecha de expiración de los productos no debe ser menor a los doces meses, contados desde el momento de la recepción.
La audiencia de vinculación se instaló ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Vladimir Jhayya Flor, la mañana del 16 de febrero de 2021. El caso, que en sus inicios fue llevado por la fiscal Ruth Amoroso, llegó a conocimiento de la Fiscalía Provincial de Pichincha, por el fuero de Corte Provincial que tiene el Alcalde de Quito.
La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
Información de interés
La investigación previa de este caso inició el 26 de mayo de 2020 y se formularon cargos el 13 de noviembre de 2020, con más de cincuenta elementos de convicción en contra de siete personas: el exsecretario de Salud, Lenin Boroshilov M. C; Enrique José B. F., Iván Agusto M. R., José Hernán M. E., Diego Fernando S. M., Simón Narcilo V. V. y Juan Alejandro V. A.
En total, en esta causa, en la que constan 252 cuerpos procesales, están señaladas vinculadas y procesadas catorce personas.
Dato jurídico
El delito de peculado se sanciona con prisión de diez a trece años, según el inciso primero del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
Audiencia de revisión de medidas
Tras la audiencia de vinculación del Alcalde de Quito y otras seis personas, se instaló la de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de Alejandro V., representante legal de la empresa Salumed S. A.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, ratificó la medida cautelar privativa de la libertad, fundamentada por Fiscalía y aceptada por un Juez de primera instancia, el 13 de noviembre de 2020.
El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, aseguró que los elementos de convicción existentes en su contra no se han desvanecido y que, por el contrario, la vinculación del resto de funcionarios ratifica la teoría de Fiscalía sobre la existencia del delito de peculado, pues Alejandro V. tuvo pleno conocimiento de que las pruebas que comercializó al Municipio de Quito no correspondían a las 100.000 PCR establecidas en el contrato.
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