Por unanimidad, Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y David Jacho, rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por el asambleísta Daniel M. y dos personas más, procesados por el presunto delito de delincuencia organizada.
Daniel M., Jennifer C. y Tania S. fueron detenidos la madrugada del 5 de junio, en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de la Policía Nacional, en el que se ejecutaron varios allanamientos en Portoviejo y Bahía de Caráquez.
En su intervención, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicitó al Tribunal que ratifique la medida cautelar en contra de los procesados, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente a la prisión preventiva, ya que existen elementos de convicción suficientes que determinarían la existencia del delito que se les imputa, con la agravante de que lo habrían perpetrado en calidad de funcionarios públicos.
La Fiscal General agregó que en la audiencia de formulación de cargos del pasado 5 de junio, se solicitó la prisión preventiva en contra del asambleísta Daniel M., la coordinadora zonal 4 del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jennifer C., y Tania S., cónyuge del contratista José V. (procesado por lavado de activos), con el fin de garantizar su presencia en las demás etapas procesales, el cumplimiento de una posible pena y garantizar –de ser el caso– el pago de una reparación integral a la víctima, que en este caso es el Estado ecuatoriano.
A finalizar la audiencia, el Tribunal acogió el pedido de Fiscalía y ratificó la medida cautelar en contra de los procesados.
Según las investigaciones de Fiscalía, los procesados formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales.
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