Luego de la detención, a cinco de los aprehendidos se les dictó prisión preventiva, una mujer recibió medidas alternativas y un menor fue aislado.
En un operativo policial ejecutado el 31 de octubre, siete personas, presuntamente relacionadas con el robo y asalto a mano armada en varios locales comerciales de la zona de Urdesa, en el norte de Guayaquil, fueron aprehendidas.
Tras labores de inteligencia de la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Propiedad Brigada Anticriminal (Siprobac), los supuestos integrantes de esta banda delictiva fueron aprehendidos luego de una persecución ininterrumpida, cuando abordaban un vehículo, cuya placa permanecía oculta para evadir la acción policial.
En su poder se hallaron cuatro armas de fuego tipo revólver, de fabricación artesanal e industrial, dieciocho municiones y nueve vainas percutidas, mismas que fueron presentadas por la fiscal Marjorie Escobar como principales elementos de convicción para procesarlos por el presunto delito de tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados.
Además, durante la audiencia de formulación de cargos del pasado 1 de noviembre, expuso el informe de aprehensión y el investigativo policial sobre delitos en unidades económicas.
El juez de Garantías Penales, Ricardo Ramos, dictó la prisión preventiva contra Javier David T. P., Luis Efrén M. P., Edgar Danilo M. V., Eder Manuel M. P. y Álex Javier P. V., y medidas alternativas (prohibición de salida del país y presentación ante autoridad judicial) para Génesis Julissa L. E.
Un adolescente de 17 años fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Menores Infractores.
Para este jueves 7 de noviembre estaba convocada la audiencia de procedimiento directo (que concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, cuando el delito no excede de los cinco años de pena privativa de libertad); sin embargo, no se instaló por ausencia de varios abogados de la defensa en la Unidad Judicial Cuartel Modelo de esta ciudad. En los próximos días se notificará una nueva fecha.
Dato jurídico
El artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a la persona que fabrique, comercialice o transporte, sin autorización, armas de fuego, municiones o explosivos, con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
