El 19 de junio de 2019, el
Procurador General del Estado entregó al Presidente de la Asamblea Nacional, el
Proyecto de Ley Reformatoria para restituir el control previo de la legalidad
en actos y contratos.
Este es el primer proyecto de
Ley que presenta la Procuraduría General del Estado haciendo ejercicio de su
facultad de iniciativa legislativa con el propósito de prevenir actos de
corrupción en la contratación pública y disminuir los conflictos.
Según cifras del Sercop, entre
2010 y 2018, los contratos públicos han ascendido a cerca de 73 mil millones de
dólares, sobre los que no se ha ejercido el control previo de su legalidad.
Para evitar la arbitrariedad en
la contratación pública y promover el manejo eficiente de recursos públicos, es
necesario fortalecer la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado
y restituir el control previo de la legalidad con la revisión de las etapas:
preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución.
El doctor Íñigo
Salvador, Procurador General del Estado, considera que si se hace un adecuado control
previo a la contratación pública, se evitarán futuros litigios y se reducirán los
espacios para actos de corrupción
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