La Sala de lo Penal de Cotopaxi, conformada por los jueces J
osé Luis Segovia, Fernando Tinajero y Rosario Freire, desechó el recurso de apelación y ratificó la orden de prisión preventiva en contra de Ricardo P., procesado por su presunta participación en el delito de instigación.
Esta es la resolución que dio a conocer el Tribunal, la tarde de este 16 de mayo, tras analizar los argumentos de la defensa del procesado –quien solicitó el recurso– y del fiscal del caso, Dr. Franklin Morocho.
La diligencia, de carácter reservado, se instaló en la Unidad Judicial de Latacunga. El fiscal Franklin Morocho, en su intervención, solicitó a la Sala que ratifique la medida cautelar en contra de Ricardo P., al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) referente a la prisión preventiva, pues existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y la autoría del procesado.
Además, el Fiscal indicó que si se dictan otras medidas alternativas no se cumpliría con el principio de inmediación, en virtud de que Ricardo P. salió del país un día antes de la audiencia de formulación de cargos efectuada el 18 de abril de 2019, lo que no garantiza su comparecencia en una posible audiencia de juzgamiento. “Esto evidencia que está eludiendo la justicia y, sin esta medida cautelar, se puede obstaculizar el pleno desarrollo de la investigación”, acotó.
El fiscal Morocho también señaló que el delito de instigación, tipificado en el artículo 363 del COIP, es sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, lo cual es otro requisito para solicitar la prisión preventiva.
Bajo esos argumentos la Fiscalía fundamentó que no se han desvanecido los elementos de convicción que motivaron al juez de primera instancia a dictar la medida cautelar vigente.
Ricardo P. es procesado debido a que el 27 de octubre de 2018, durante una asamblea de un partido político en Latacunga, habría dado un discurso en el que instigaba a la gente a tomarse instituciones públicas y a cerrar vías. FUENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
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